El SAT anunció un programa de fiscalización agresivo para combatir abierta y directamente el problema de defraudación fiscal por las empresas que facturan operaciones simuladas (empresas factureras), afectando al fisco federal, por la disminución de la base gravable del Impuesto Sobre la Renta, y creó un modelo de riesgo para detectar a los EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) y a los EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), para combatir a las referidas empresas, por medio de la cancelación de sus Certificados de Sellos Digitales (CSD) y buscar a los beneficiarios de este tipo de operaciones para sancionarlos penalmente, como también hizo un llamado a todos aquellos contribuyentes que califican como EDOS, al ubicarse en el supuesto de adquisición de facturas, para que regularicen su situación fiscal, previamente a que llegue el SAT a determinar créditos fiscales e inicie contra ellos querellas de carácter penal.
En este sentido, en caso de que las empresas que no hayan reforzado su control interno para cerciorarse que no se encuentran en el supuesto mencionado y/o no se hayan corregido, aun cuando va más allá de ser una contingencia fiscal, las empresas deberán concluir la probabilidad de que en una eventual revisión se cuestione el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que la autoridad fiscal tiene facultades de inspeccionar las operaciones a que tiene derecho examinar y tendrá conocimiento total de toda la información relacionada al cruzar información con otras entidades.
En ese contexto, las Normas Internacionales de Auditoría establecen, entre otros, como procedimientos de auditoría, la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para aquellas empresas que hayan solicitado ser auditadas por auditores externos independientes, con propósitos fiscales y/o financieros, y en caso de que al revisar el respaldo del origen de las operaciones con otras entidades diera como resultado que se observen operaciones como las que se mencionan anteriormente y no se hayan corregido, tendrían repercusiones en la certificación de los estados financieros y en caso extremo un efecto negativo importante en la opinión del informe.
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