A partir de julio de 2016, entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por objeto principal la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, siendo las empresas en México, susceptibles de responsabilidad penal y/o administrativa.

• Responsabilidad administrativa: Se actualiza cuando personas físicas que actúen a nombre o en representación de una persona moral, pretendan obtener beneficios para dicha persona moral realizando conductas que les vinculen con faltas administrativas graves, siendo éstas entre otras, el soborno, corrupción de servidores públicos, utilización de información falsa.
• Responsabilidad penal: Se actualiza cuando un miembro o representante de una persona moral, comete un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionaron, de modo que resulte cometido a nombre, representación o en beneficio de la persona moral.

En este orden de ideas, el pasado 07 de junio de 2019, se publicó en el Periódico Oficial de Nuevo León, la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León, estableciendo las sanciones por actos de corrupción realizados por servidores públicos y particulares, las cuales pueden incluso llevar a la disolución de la sociedad en cuestión, que resulte responsable de la comisión de conductas o faltas administrativas graves y hechos de corrupción.

Ante dicha situación, recomendamos a las empresas implementar un sistema de gestión de cumplimiento, incluyendo la elaboración de Políticas de Integridad y de Prevención del Delito para mitigar la responsabilidad penal y administrativa de las empresas.

 

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