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TIP FISCAL 63

CRITERIOS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN.

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenos días, esperamos se encuentre muy bien.

Con el fin de proporcionarles información y elementos útiles en la realización de sus actividades empresariales y profesionales, a continuación les comentamos los criterios que consideramos relevantes, publicados recientemente por los tribunales especializados en materia fiscal.

1.-PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.

La Primera Sala de la Corte, fijó la Jurisprudencia 1ª. /J.18/2012 (9ª.), en la cual determinó que la sola cita de una ley en un acto de autoridad no es suficiente para considerar que la norma se está aplicando, ya que las normas jurídicas constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica, en cuyo caso al ubicarse el particular en la hipótesis específica derivado de la conducta empleada, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas en la disposición invocada.

Por lo tanto, para considerase que una ley fue aplicada a un gobernado, no es suficiente que se haya citado en el acto de autoridad, sino que, es indispensable demostrar que en el caso concreto se aplicaron las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de los supuestos normativos consignados en la ley.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. ACREDITAMIENTO DE CREDITO IETU CONTRA ISR.

La Primera Sala de la Corte emitió jurisprudencia, con la cual se declaró constitucional en definitiva el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), con el que se eliminó el beneficio que los contribuyentes podían tomar al disminuir el crédito generado en el IETU (deducciones mayores a ingresos) del ISR del mismo ejercicio en que se generó el crédito, con fundamento en el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única.

Se sostuvo en el criterio que si bien el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única prevé que el crédito determinado en el IETU se pude aplicar contra el ISR del ejercicio y por su lado el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2010, en su tercer párrafo, dispone que el crédito del IETU no se puede acreditar contra el ISR del mismo ejercicio, es decir, éste prohíbe lo que el otro permite, ello no es suficiente para sostener jurídicamente que existe contradicción o antinomia entre ambos preceptos y por lo tanto violación a la garantía de seguridad jurídica, pues finalmente el artículo de la LIF no elimina el derecho al acreditamiento si no que, en todo caso, solo limita su aplicación al mismo ejercicio en que se generó el crédito, ya que éste se puede tomar a futuro, en su caso.

Conforme a lo anterior, seguramente todos los juicios que se resuelvan sobre esta materia desafortunadamente serán negativos para los contribuyentes, por lo que se deberán analizar alternativas para minimizar el impacto fiscal en nuestras empresas.

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. ANTICIPOS DE SOCIOS NO ES REMUNERACIÓN A TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO.

Lo relevante de esta Jurisprudencia identificada con el No. 2a. /J. 115/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Corte, se origina debido a que se consideró que la disposición de referencia considera como erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado a las cantidades que como anticipos reciben los miembros de una sociedad civil, cuando no califican como tales, en razón de que no se originan o derivan por un trabajo personal subordinado entendido como “la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra física o moral, mediante el pago de un salario” sino que constituyen adelantos que las sociedades civiles realizan a sus socios periódicamente en un ejercicio a cuenta de sus ganancias.

Por lo anterior, se determinó que el artículo del caso es inconstitucional al contravenir el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31 fracción IV, Constitucional pues al considerar como objeto del impuesto a los referidos anticipos rebasa el indicador de capacidad contributiva que el legislador quiso gravar.

Tomando en cuenta que la Jurisprudencia comentada definió que el trabajo personal subordinado califica como “la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra física o moral, mediante el pago de un salario”, es importante que los contribuyentes que por las necesidades del trabajo tienen empleados en diversas entidades federativas que regulen este tipo de contribuciones, conjuntamente con sus abogados analicen las disposiciones respectivas pues es muy común que con la finalidad de ampliar la base del impuesto las legislaturas locales incluyen a las leyes conceptos que pueden no calificar como pagos por remuneración al trabajo personal subordinado, de acuerdo a la definición que para ello se previó en la jurisprudencia mencionada y, en su caso, proceder a impugnar la ley respectiva con razonables posibilidades de éxito.

2.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

HIPÓTESIS DE SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA SU CONFIGURACIÓN NO BASTA QUE SE INVOQUEN POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL, SINO QUE HA DE PROBARSE QUE SU ACTUALIZACIÓN NO SEA IMPUTABLE AL ÓRGANO REVISOR.

El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos en los cuales el plazo para concluir las visitas domiciliarias o revisiones de escritorio queda suspendido, los cuales consisten, entre otros casos, el estallamiento de una huelga, el fallecimiento del contribuyente, su desaparición del domicilio fiscal sin previo aviso o el hecho de que no exhiba documentación e información a solicitud de la autoridad hacendaria. Lo anterior tiene su razón de ser, debido a que al actualizarse alguno de los supuestos anteriores las autoridades fiscales se encuentran impedidas para continuar con las revisiones que iniciaron.

El criterio aislado que se comenta y que se ventiló en un Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Regional del Centro 1 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se trató de un juicio en el que las autoridades fiscales, con motivo de una revisión para efectos fiscales, requirieron cierta documentación e información al contribuyente fiscalizado para que en el plazo legal establecido la proporcionara en su domicilio, pero resultó que las autoridades no acudieron al domicilio en la fecha establecida y aun así determinaron créditos alegando que como el contribuyente no exhibió la documentación e información solicitada el plazo para concluir la revisión quedó suspendido.

Por tal motivo, en el criterio que comentamos se determinó que no basta que la autoridad invoque un supuesto de suspensión del plazo para concluir la fiscalización sino que es indispensable que pruebe que el supuesto invocado sucedió realmente, pues de otra manera la actuación de la autoridad es ilegal y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado y más cuando en el caso fue la autoridad quien incumplió el plazo para la entrega de la información solicitada.

MULTA POR COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE. EL ARTÍCULO 76, SEXTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LA PREVÉ, NO ESTABLECE QUE SE DEBA CONSIDERAR EL BENEFICIO INDEBIDO ACTUALIZADO.

La Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver un Juicio Contencioso Administrativo, determinó que si bien es cierto que el sexto párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando las infracciones consistan en devoluciones, acreditamientos o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda, se impondrá una multa que se calculará sobre el monto del beneficio indebido, también lo es que en ninguna parte se menciona que ese beneficio indebido corresponda al importe compensado indebidamente más su actualización.

Se sostuvo por la Sala que si la intención del legislador hubiese sido que el monto del beneficio indebido fuera el que corresponde al importe compensado indebidamente más su actualización, así lo habría señalado expresamente, así mismo, se dijo que el concepto “monto del beneficio indebido fue empleado por el legislador con la intención de hacer alusión únicamente al importe de la contribución que fue dejada de pagar con motivo de la compensación indebida, a efecto de que la multa no se calculara sobre el monto total de la contribución compensada en todos los casos. Esto es, el monto del beneficio indebido corresponde al importe de la contribución que no alcance a ser compensado con el saldo a favor que tenga el contribuyente y que, dependiendo de cada caso, puede corresponder a una parte o a la totalidad del monto histórico de la contribución omitida, pero en ningún caso incluirá además su actualización.

El criterio anterior toma relevancia debido a que es muy común que las autoridades pretendan cobrar créditos sobre montos actualizados, cuando hay casos donde la ley no prevé que así deba ser, por lo que en caso de determinación de créditos habrá que analizar el caso concreto para determinar si la actualización procede o no, como sucedió en el caso ventilado en el criterio que se comenta.

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