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TIP FISCAL 81

CRITERIOS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN.

Estimado(a) Ejecutivo(a):

Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien.

Con el fin de proporcionarles información y elementos útiles en la realización de sus actividades empresariales y profesionales, a continuación les comentamos los criterios o precedentes publicados recientemente por los tribunales de la federación, que consideramos relevantes:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO CONTIENE SANCIÓN ALGUNA AL CONTRIBUYENTE QUE PRESENTE EL AVISO DE OPCIÓN A QUE ALUDE DE MANERA EXTEMPORÁNEA.

La Primera Sala Regional del Noreste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (en lo sucesivo TFJFA), sostuvo el criterio anterior, considerando ilegal que la autoridad fiscal haya rechazado las deducciones en forma estimada, que como opción tomó el contribuyente (que realiza obras consistentes en desarrollos inmobiliarios), conforme a los términos previstos por el artículo 36 de la LISR; pues si bien es cierto que dicha disposición señala en su último párrafo que para ejercer la opción se debe presentar un aviso a la autoridad dentro del plazo de quince días siguientes al inicio de la obra o a la celebración del contrato, según corresponda, tan bien es cierto que no establece expresamente sanción alguna al contribuyente en el caso que presente de manera extemporánea el aviso de opción para efectuar las deducciones correspondientes.

En este caso, al no establecer la disposición sanción alguna, tampoco se puede considerar que la consecuencia por no presentar dicho aviso sea la pérdida de la opción, puesto que en el fondo ésta no es sino una forma que permite a los contribuyentes efectuar las deducciones estimadas conforme al citado precepto.

Consideramos legalmente procedente el criterio anterior, pues desde un punto de vista estrictamente legal, la presentación extemporánea de un aviso en ningún caso pude ser motivo para anular el derecho que la ley otorga al particular; como en el caso, donde se pretendía rechazar las deducciones de la base de tributación, pues el aviso es un simple requisito de forma cuya extemporaneidad puede ser sancionable con multa administrativa, pero no pude afectar el fondo, como aquí lo pretendía la autoridad.

En razón de lo anterior, es recomendable que cuando las disposiciones fiscales prevén la obligación de presentar avisos para tomar algún beneficio, si por cualquier circunstancia no se presentó el aviso en el plazo establecido, es indispensable efectuar su presentación aún de manera extemporánea, para tratar de evitar que el fisco pretenda sancionar quitando el derecho ejercido, ya que no es lo mismo no presentar el aviso que presentarlo de manera extemporánea.

DEDUCCIONES. SU INTERPRETACIÓN DEBE SER DE ORDEN RESTRICTIVO.

El criterio anterior fue emitido por la misma Primera Sala regional Noreste I del TFJFA, al resolver en el mismo sentido en que sustentó la tesis respecto del artículo 36 de la LISR, comentada con anterioridad. En este criterio, la Sala determinó que la interpretación de las deducciones en materia del ISR debe ser de orden restrictivo, de tal manera que únicamente pueden realizarse las deducciones autorizadas por el legislador y de acuerdo con los requisitos y modalidades que éste determine.

Lo anterior confirma que el hecho de presentar el aviso de opción que corresponda en forma extemporánea, no puede producir la pérdida del derecho a deducir, pues ello implicaría ir más allá de lo dispuesto por el legislador.

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA APLICAR CUOTAS COMPENSATORIAS.- EL PLAZO SE COMPUTA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN DEFINITIVO.

El criterio anterior se trata de una jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA, en la cual se concluyó que en materia de cuotas compensatorias, la caducidad de las facultades del fisco para determinarlas corresponde a un plazo de 5 años conforme a la fracción II, del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, porque se trata de aprovechamientos respecto de los cuales su pago no está sujeto a la presentación de declaraciones por ejercicios, sino que se pagarán cada vez que se importen mercancías respecto de las cuales se actualice la aplicación de dichas cuotas compensatorias.

Por lo tanto, el cómputo del plazo para la caducidad inicia a partir de la presentación del pedimento de importación de las mercancías, por constituir la declaración o aviso de las contribuciones y aprovechamientos relativos a la importación, momento en el cual se deberá cubrir la cuota compensatoria respecto de las mercancías a las que se les aplica, en su caso.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REPARTO DE UTILIDADES. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES INAPLICABLE PARA RECLAMAR DICHA PRESTACIÓN, CUANDO LA OBLIGACIÓN DERIVA DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA.

La tesis anterior constituye un criterio aislado emitido por la Primera Sala de la Corte, donde el tema a resolver fue si cuando las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación y modifican la base gravable del ISR, y por consecuencia se determina una reparto adicional de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (en lo sucesivo PTU), para efectos de la prescripción en materia laboral aplica o no el pazo de un año que tienen los trabajadores para reclamar el reparto adicional de utilidades respectivo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo LFT).

Conforme al primer supuesto mencionado, la determinación de la PTU deriva del ejercicio de la facultad de comprobación que prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (en lo sucesivo CFF), pues este cálculo parte de la renta gravable y/o la utilidad fiscal que resulte, lo cual servirá de base para determinar el monto del ISR y la PTU que correspondan.

Por lo tanto, la Corte resolvió que resulta inaplicable el plazo de prescripción previsto en el invocado artículo 516 de la LFT, toda vez que la PTU adicional surge del ejercicio de las atribuciones de las autoridades hacendarias encargadas de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y no de la decisión adoptada por la Comisión Mixta en cada empresa (que se integra en los términos del artículo 125 de la LFT), la cual formula el proyecto que determina la participación individual de cada trabajador mediante el procedimiento correspondiente.

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2007).

Conforme a este criterio aislado se concedió el amparo al particular, por la Primera Sala de la Corte, al considerar que el artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (en lo sucesivo LGOAAC) viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al no establecer un límite de tiempo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo la CNBV), en su carácter de autoridad competente, emita la resolución que determine la imposición de una multa administrativa (cuyo importe lo hace efectivo la autoridad fiscal) por el incumplimiento o la violación a las normas de la propia ley y a las disposiciones que emanan de ella.

Asimismo, cabe mencionar que el precepto antes citado de la LGOAAC continua con el vicio de inconstitucionalidad determinado en el criterio, pues sigue sin prever en qué tiempo la CNBV debe emitir la resolución en que se imponga la sanción, lo que deja en estado de incertidumbre a los particulares.

RENTA. EL ARTÍCULO 160, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012).

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo la Corte) emitió el criterio aislado al rubro citado, sosteniendo que el segundo párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en lo sucesivo LISR) en vigor, aplicable a contribuyentes personas físicas, viola los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la disposición de referencia dispone que las personas físicas que únicamente perciban ingresos por concepto de intereses que no excedan de $100,000.00, en el ejercicio de que se trate, considerarán la retención que se efectúe como pago definitivo del impuesto y no tendrán la obligación de presentar su declaración anual.

En este sentido, se sostuvo en el criterio, que no obstante que la excepción anterior está prevista como una facilidad administrativa para las personas físicas que se encuentren en dicho supuesto, se trata de una previsión legal que desconoce la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto del objeto y de la base del gravamen, porque al considerar que las retenciones del impuesto constituyen el pago definitivo del tributo, se le impide tomar en cuenta los efectos de la inflación (“intereses reales”), las deducciones autorizadas y el acreditamiento de pagos provisionales, a diferencia de aquellas personas físicas que perciben una cantidad superior a la referida por el mismo concepto, lo que en consecuencia provoca un trato diferenciado entre sujetos ubicados en el mismo supuesto, sin que exista base objetiva para otorgarlo y de ahí la violación a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.

Por lo tanto, la Segunda Sala concluyó que al violarse los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, lo procedente fue conceder el amparo al contribuyente con respecto al precepto declarado inconstitucional, tanto en el presente como en el futuro, hasta su reforma, permitiendo al interesado observar lo previsto en el artículo 161 de la LISR, que permite presentar la declaración anual, de modo que de ser procedente, pueda recuperar total o parcialmente la cantidad correspondiente a la retención de los pagos provisionales efectuados en el ejercicio.

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