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TIP FISCAL No. 265

DICTAMEN SOBRE LA MISCELÁNEA FISCAL 2020

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR)

Limitación en la deducibilidad de intereses devengados.

Con respecto a la propuesta consistente en limitar la deducción de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, mediante una nueva mecánica de cálculo, el Dictamen presenta una reestructuración de la norma así como una serie de cambios, como sigue: Se sustituye el concepto de Utilidad Neta Ajustada (UNA) por el de Utilidad Fiscal Ajustada (UFA); Se amplía el plazo para la deducción de los intereses devengados en el ejercicio de 3 a 10 años; No será aplicable la mecánica a los contribuyentes que tengan menos de 20 millones de pesos en intereses deducibles en el ejercicio; Se incorpora el procedimiento que deberá observarse en caso de que el contribuyente tenga pérdida fiscal en el ejercicio; Se establece que cuando resulte UFA con valor 0 o negativa, la totalidad de los intereses devengados a cargo serán no deducibles; Se excluye a los integrantes del sistema financiero; a la industria de construcción por los intereses para la adquisición de terrenos destinados a la construcción; a la industria extractiva; a los rendimientos derivados de deuda pública; y a las empresas productivas del Estado.

El monto de las deudas que generen intereses no deducibles serán excluidas del ajuste anual por inflación, en el ejercicio de que se trate.

Arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico. Se aplicará una retención del 1% a los pagos por el uso o goce temporal, aviones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente.

Esquema de retención para personas físicas que realizan ventas al menudeo por catálogo.

Se elimina el régimen de retención por parte de las personas morales aplicable a las personas físicas que realicen actividades empresariales por la venta de productos a través de catálogo.

En este caso, el SAT a través de reglas de carácter general establecerá un esquema que facilite a dichas personas físicas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Estímulo fiscal para las figuras jurídicas extranjeras transparentes que inviertan en México.

Se incorpora un nuevo estímulo fiscal aplicable a las figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital privado, que inviertan en personas morales residentes en México. En este caso, estas figuras se considerarán como entidades transparentes fiscales en el país o jurisdicción de su constitución, con la finalidad de que gocen de dicha transparencia para efectos de la LISR y, por lo tanto, sus socios tributarán de conformidad con este ordenamiento; y siempre que cumplan con los requisitos específicos establecidos.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LIVA)

Acreditamiento del IVA por la realización de actividades no objeto. Se elimina la definición de lo que debe considerarse como actividades o actos no objeto de gravamen para efectos de la LIVA; asimismo, se elimina de la determinación del factor de acreditamiento la inclusión de las actividades no objeto. Prestación de servicios de subcontratación laboral. Se incorpora una definición de lo que debe entenderse por servicios de subcontratación laboral para efectos del IVA.

Adicionalmente, las personas morales y físicas con actividades empresariales que reciban servicios de subcontratación efectuarán una retención equivalente al 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada al contratista.

Prestación de servicios digitales. Tratándose del régimen fiscal aplicable a las plataformas y apps que proporcionen servicios digitales así como a los servicios de intermediación digital, a través de las mismas, se introducen, entre otros, los siguientes cambios: Los servicios de intermediación de publicidad y de almacenamiento de dato, quedan exceptuados; Se establece que en lugar de una suspensión de la conexión por incumplimiento de sus obligaciones, los prestadores de servicios digitales sufrirán de un bloqueo temporal el acceso al servicio digital; Para considerar que el receptor de los servicios se encuentra en territorio nacional, se hace necesario, entre otros supuestos, que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un número de teléfono, cuyo código de país corresponda a México; Se elimina la obligación de llevar un registro de los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios y de los cobros efectivamente recibidos en cada mes de calendario; Se modifica la obligación de llevar un registro de los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios y de los cobros efectivamente recibidos en cada mes de calendario, para establecer que será enviada de manera trimestral; Se deberá tramitar la E-Firma con el objeto de poder cumplir con obligaciones fiscales.

Por otra parte, se establece mediante disposición transitoria, que la entrada en vigor de este régimen en cuestión será a partir del 1 de junio de 2020 (anteriormente 1 de abril).

Obligaciones de los prestadores de servicios digitales de intermediación

Por lo que respecta a los intermediarios de servicios digitales, se incorporan las siguientes modificaciones: Cuando las personas físicas reciban ingresos a través de dichos intermediarios y no proporcionen su RFC, en lugar de ser aplicable una retención del 50%, los intermediarios deberán retener el 100% del IVA.

Las personas físicas o morales que utilicen a los intermediarios, para ofrecer bienes o servicios, así como el uso o goce temporal de inmuebles tendrán la obligación de entregar toda la información que les sea requerida.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (LIEPS)

Incremento en las cuotas para cigarros y bebidas saborizadas.

No se aprueba el incremento inflacionario propuesto a las cuotas del IEPS aplicable a tabacos labrados y bebidas saborizadas, a efectos de reflejar el incremento real por la inflación. En consecuencia, para el ejercicio fiscal de 2020, para efectos de actualizar dichas cuotas se utilizará la mecánica prevista en el Código Fiscal de la Federación.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Razón de negocios.

Tratándose de la norma antielusión mediante la cual la autoridad fiscal tiene la facultad de evaluar las operaciones realizadas por los contribuyentes con el fin de obtener un beneficio fiscal mayor a un beneficio económico; se efectuaron en el Dictamen, entre otros, los siguientes cambios: Se precisa que la autoridad fiscal podrá presumir que no existe razón de negocios, por lo que se admite prueba en contrario; La autoridad fiscal no podrá desconocer (antes recaracterizar), para efectos fiscales, los actos jurídicos realizados por el contribuyente, sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial, en el oficio de observaciones, o en la resolución provisional; La autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la SHCP y el SAT, a efecto de obtener el visto bueno para la aplicación de la norma; Se define el concepto de beneficio económico razonablemente esperado, aplicable cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos; Los efectos fiscales generados en términos de la disposición en ningún caso generarán consecuencias en materia penal.

Cancelación de sellos digitales.

En el Dictamen se introducen cambios significativos a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, garantizándose el derecho de audiencia, como sigue: Se establece que los sellos digitales quedarán sin efectos, después de haberse agotado el procedimiento establecido para que los contribuyentes puedan desvirtuar las causas por las cuales les suspendieron temporalmente los sellos; y estos no hayan efectivamente desvirtuado dichas causas o no hayan autocorregido su situación fiscal.

Las causales por las cuales la autoridad fiscal puede suspender temporalmente los sellos digitales así como el procedimiento quedan establecidas como sigue:

Son 10 causales por las cuales procederá la suspensión temporal, tales como: que el contribuyente esté como no localizado durante el ejercicio de las facultades de comprobación; no presente declaraciones estando obligados a hacerlo; que se encuentren listados definitivamente como contribuyentes que emitieron los CFDI que amparan operaciones simuladas o que hayan dado efectos fiscales emitidos por personas que simulan operaciones; entre otras.

Por lo tanto, los contribuyentes podrán presentar una solicitud de aclaración en virtud de la cual podrán subsanar las irregularidades detectadas, o bien, desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida. Mediante dicha aclaración, los contribuyentes podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que al día siguiente al de la solicitud, se restablezca el uso de los sellos digitales.

Responsabilidad solidaria.

Tratándose de los socios y accionistas, así como los asociantes de una asociación en participación, serán considerados como responsables solidarios con respecto a las contribuciones que debieron haber sido cubiertas por la sociedad o la asociación en participación, durante el tiempo en que estas personas hayan tenido tal calidad, siempre y cuando dichas personas morales incurran en alguno de los siguientes supuestos, entre otros: No solicitar su inscripción al RFC; no llevar contabilidad; no ser localizado en el domicilio fiscal; omitir el entero de las contribuciones retenidas en los plazos establecidos; cuando se trate de empresas que expidan comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas o inexistentes (EFOS); o de empresas que adquirieron comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas o inexistentes (EDOS).

Revelación de esquemas reportables.

El Dictamen incorpora cambios substanciales respecto de operaciones sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, e incluye un criterio más objetivo para la actuación de dichas autoridades: Se elimina el procedimiento para determinar la validez del esquema reportable de los contribuyentes y las resoluciones con el carácter vinculante de la determinación de la autoridad; de tal forma que la obligación únicamente consistirá en revelar los esquemas; Desaparece el Comité de revisión integrado por la SHCP y el SAT, para analizar los esquemas revelados por los contribuyentes;< Se elimina la obligación de los asesores fiscales para registrarse en el padrón respectivo; Se reduce substancialmente el listado de operaciones que deberán revelarse (de 29 a 14), toda vez que algunas ya se encuentran previstas en las disposiciones relativas a la información de operaciones relevantes, cuya vigencia se mantiene; Se eliminan algunas de las sanciones aplicables por el incumplimiento de esta disposición; La obligación de revelar los esquemas reportables iniciará a partir del 1 de enero de 2021.

Los esquemas reportables implementados en ejercicios pasados que sigan teniendo efectos en 2020 deberán ser reportados solamente por los contribuyentes.

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