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Decreto 69-B

TIPS FISCALES No. 261 – REFORMA EN MATERIA DE DELITOS FISCALES

El pasado 10 de septiembre de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y con sus reservas, el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia penal relacionadas con delitos de carácter fiscal y delincuencia organizada.

En este contexto, se modifican las siguientes leyes:

  • Código Fiscal de la Federación;
  • Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;
  • Código Nacional de Procedimientos Penales;
  • Código Penal Federal; y
  • Ley de Seguridad Nacional.

Cabe señalar que dicho Proyecto de Decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión, discusión y en caso aprobación; en cuyo caso, entrará en vigor el día 1° de enero de 2020.

  • Código Fiscal de la Federación (CFF)

Se propone reformar el CFF, para establecer de manera conjunta que, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falas o actos jurídicos simulados (comprobantes fiscales apócrifos), se le impondrá una sanción de dos a nueve años de prisión.

De la misma manera, se sancionará con las mismas penas, a quien a sabiendas permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales apócrifos.

Se precisa que para proceder penalmente por el delito fiscal referido, se requerirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente querella.

En virtud de la reforma, el citado delito, supera los cinco años; por lo tanto se convertiría en delito grave, trayendo como consecuencia que a la persona a quien se le impute la comisión del tipo penal será acreedor de prisión preventiva oficiosa, sin tener derecho a enfrentar el proceso en libertad en tanto este se resuelve.

Adicionalmente, se establece que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido de su empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargos o funciones públicos, sin perjuicio de que se aplique igualmente las agravantes de delitos cometidos por servidores públicos, teniendo como consecuencia una pena de prisión mayor.

  • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)

Se modifica la LFCDO, para establecer que serán considerados como miembros de la delincuencia organizada las personas que cometan los siguientes delitos:

  • Contrabando y su equiparable;
  • Defraudación fiscal y su equiparable, siempre que el monto de lo defraudado exceda la cantidad de $7,804,230.00; y
  • Delito fiscal diverso consistente en la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales citados, superen el monto de $7,804,230.00.

No obstante, es importante precisar que, para que la persona quien cometa alguno de los delitos antes mencionados sea considerada como miembro de la delincuencia organizada, es indispensable que se coloque en dicho supuesto, el cual se actualiza cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos en el catálogo de la Ley de la materia.

  • Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)

A través del CNPP, también se reforman las causales de procedencia de prisión preventiva oficiosa, para ahora establecer que ameritan la medida cautelar, los delitos relativos a:

  • Contrabando y su equiparable, exclusivamente cuando sean calificados;
  • Defraudación fiscal y su equiparable, siempre que el monto de lo defraudado exceda de tres veces el monto de $2,601,410.00, ($7,804,230.00), y que sean calificados;
  • La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen el monto de $7,804,230.00.

Asimismo, se señala que tratándose de los delitos anteriormente mencionados, no procederán los acuerdos reparatorios previstos en el propio CNPP, a efecto de resolver de manera anticipada el procedimiento a través de una solución alterna.

Tampoco será aplicable el criterio de oportunidad tratándose de los delitos de referencia; lo que significa que Ministerio Público podrá optar por no ejercer la acción penal en contra del contribuyente imputado.

  • Código Penal Federal (CPF)

Se reforma el CPF para establecer que las personas morales también tendrán responsabilidad penal por la comisión del delito especial de expedir, vender, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

En este supuesto, se podrán imponer a la persona moral imputada sanciones, las cuales podrían comprender, entre otras, la disolución de la misma.

  • Ley de Seguridad Nacional (LSN)

La LSN también dispone  que representan una amenaza para la seguridad nacional, las personas que cometan el delito de contrabando y su equiparable así como la defraudación fiscal y su equiparable, siempre y cuando que sean calificados y el monto de lo defraudado exceda de $7,804,230.00; además del delito consistente en expedir, vender, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales citados, superen el monto de $7,804,230.00.

  • Otras consideraciones

Es importante mencionar que en materia penal no existe retroactividad; por lo tanto, los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, no podrán ser perseguidos bajo los nuevos términos, pues en el momento de su comisión no estaban tipificados como delito grave; y que, en su caso, ameritarán ser considerados como delincuencia organizada.

Por otra parte, es indispensable establecer medidas preventivas y de control en las empresas, en particular por lo que se refiere a la verificación del listado global definitivo de contribuyentes, en términos del artículo 69-B del CFF, a efecto de que se detecte oportunamente cualquier contingencia que pueda tener implicaciones fiscales /o penales.

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